Nadie aprende de la historia

Nadie aprende de la historia

Por Adrián Ventura

Miércoles 19 de marzo de 2008 - La Nación

La decisión que días atrás tomó el Gobierno de aumentar las retenciones al campo es abiertamente inconstitucional: desconoce un derecho fundamental de una democracia capitalista: el de propiedad. Nada soluciona el Gobierno bajando el costo de los fertilizantes para compensar en parte las pérdidas que amenazan a los productores si, al mismo tiempo aquél no duda en convertir una economía capitalista en hiperdirigista. La industria suele asimilar en silencio embates similares; el campo, no. Pero el efecto sobre la generación de riqueza siempre es el mismo. La Constitución nacional es de corte liberal. Es cierto que el desarrollo político del siglo XX también enseñó que los derechos tienen un sentido social y que cada uno de nosotros, con los impuestos que pagamos, debemos contribuir al país y ayudar a otros sectores menos favorecidos. Pero lo que nunca es aceptable, porque la Constitución de una democracia capitalista no lo permite, es desconocer la esencia misma del derecho de propiedad. Quien invierte en un campo, en una industria, en un comercio o compra un departamento y realiza una inversión tiene derecho a la ganancia consiguiente. Para eso asume costos y riesgos y pone en juego su capital y su esfuerzo. Si fuese válido ponerle límite a la renta agropecuaria, habría que aceptar que también se pueden poner límites a los precios de los alquileres y de los productos. Desde comienzos del siglo XX, los gobierno argentinos ya cayeron en todas esas medidas abusivas y la Justicia las convalidó. Así nos fue: el país se empobreció. Es aceptable que el Estado tome un porcentaje de la riqueza que genera cada habitante; no lo es que se apropie de la mitad. Esta es la explicación de por qué los capitales que fluyen hacia América latina no recalan en la Argentina. Aprenden las lecciones de nuestra historia y calculan que les puede ir bastante mal.
* * * Anteayer, la Cámara Federal, con el voto de dos jueces muy calificados, confirmó la reapertura de la causa en la que se investigan los crímenes cometidos por la Triple A, para lo que tuvo que considerarlos como delitos de lesa humanidad. Sólo así aquellos hechos se volvieron imprescriptibles y pueden ser nuevamente investigados. La decisión es interesante, pero genera dudas. Y estas dudas son escuchadas en algunos encumbrados despachos de la Corte y de la Justicia misma. Esto es un dato importante si se tiene en cuenta que la Corte fue el tribunal que, mediante varios fallos, habilitó la reapertura de las causas por violaciones de derechos humanos cometidos durante el gobierno militar. Seamos claros. Nadie puede imaginar que la Corte viró a la derecha: los crímenes que cometió la Triple A fueron aberrantes. Pero algunos no están tan seguros de que puedan ser considerados como delitos de lesa humanidad. Esta categoría de delitos es aplicable a quienes, integrando el Estado o cualquier otra organización, cometieron crímenes aberrantes en forma sistemática y contra la población civil. Para la Justicia, sin embargo, parece que sólo pudieron cometerlos quienes actuaban en la derecha. Una pregunta: ¿No hubo subversivos de izquierda que también eran funcionarios y cometieron los mismos delitos? Por otro lado, al margen de la indudable necesidad de hacer justicia, nadie logró explicar para qué sirve que se reabra el juzgamiento de los crímenes de los setenta si, al hacerlo, no se acuñan categorías que sirvan para atrapar a los terroristas del siglo XXI. Hoy, los terroristas no forman parte del Estado ni son organizaciones paraestatales, sino que son grupos (como Al-Qaeda, ETA o FARC) que se proponen destruir al Estado mismo. La Argentina es un país curioso: quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones judiciales no leen bien toda la historia siniestra del país; quienes, por otro lado, toman decisiones económicas, no quieren recordar por qué nuestra nación, a lo largo del siglo XX, se empobreció sin pausa. aventura@lanacion.com.ar