El juego de los siete errores

Cinco años de altísimo crecimiento económico (a un promedio del 8,8% anual); baja del desempleo (al 7,5%); superávits gemelos otra vez en alza; reservas récord del Banco Central (50.000 millones de dólares); precios internacionales récord para la producción exportable; boom de consumo interno y plena utilización de la capacidad productiva configuran una etapa excepcional para la economía argentina. Sólo para los no avisados, el cuadro se completaría con una inflación anual de un dígito (8,2%), pero con índices oficiales falsificados que miden una tercera parte del verdadero aumento de precios.

No es ésta, sin embargo, la sensación que percibe buena parte de la sociedad urbana, especialmente de clase media para abajo, o ahora los productores del campo. Ni tampoco se condice con la actitud de un gobierno que vive a la defensiva, identifica enemigos donde no los hay, retacea u oculta información que debiera ser pública, deja crecer problemas sin necesidad o resuelve conflictos a la inversa de lo que indicaría el sentido común. El alejamiento de Alberto Abad, en medio de un brillante ciclo al frente de la AFIP, es una prueba de ello.

Aunque en la Argentina las sensaciones son un eufemismo para no hablar de problemas (el vicepresidente Julio Cobos acaba de hacer su debut con esta modalidad de expresión, al caracterizar la brecha entre el IPC y la inflación real), éstos existen.

Y si tienden a agudizarse, no es sólo por las distorsiones que crea una inflación más alta y negada oficialmente, sino también por las expectativas negativas que generan dos tipos de actitudes del gobierno kirchnerista que lo llevan a cometer errores. Una, "enamorarse del modelo" sin advertir -como les ocurrió a varios de sus antecesores- que los tiempos y las circunstancias cambian y que algunas políticas o instrumentos inicialmente exitosos requieren de correcciones. Otra, su crónica tendencia a diagnosticar todos los problemas con un tamiz ideológico que lo remite a un pasado histórico de fracasos.

Tras los primeros cien días de gestión CFK, estos errores y problemas pendientes se pueden enumerar:

1) Inflación: es la madre de la mayoría de los actuales problemas. Un nivel de inflación más alto alimenta la puja distributiva a través de aumentos nominales porcentualmente más importantes. El Gobierno nunca aceptó que la demanda crece por encima de la oferta y que ello provoca presiones inflacionarias que perjudican a los sectores de menores ingresos. Por eso sigue impulsando la demanda para no desacelerar el alto crecimiento económico. Tampoco definió una política antiinflacionaria integral que, además, sería imposible de instrumentar con índices de precios falsificados. A lo sumo, se ha dedicado a evitar que la inflación se espiralizara (con mayor superávit fiscal); a atacar algunos de sus efectos (con intervenciones, subsidios, dudosos acuerdos de precios o prohibiciones de exportación); o a aguardar que maduren algunos incentivos fiscales y crediticios para fomentar proyectos productivos, cuando en realidad la inflación y el intervencionismo permanente desincentivan inversiones de riesgo.

2) Indec/IPC: la normalización del Indec quedó archivada y el "IPC Moreno" -por ahora en el freezer- podría traducirse en índice de precios controlados. Por ahora, el Gobierno no tiene intención de blanquear la mayor inflación y, para colmo, actúa como si los consumidores no la sufrieran.

3) Precios relativos: los congelamientos y subsidios en un contexto inflacionario acentúan distorsiones. Los ejemplos pueden ser infinitos. Un boleto de colectivo, subte o tren suburbano cuesta más barato que una vuelta en calesita, a pesar de los aumentos de comienzos de año. Los combustibles, entre un tercio y la mitad de lo que valen en países limítrofes. La tarifa de los parquímetros porteños es hasta ocho veces más baja que una hora de estacionamiento en playas del microcentro. El Gobierno prevé un ajuste de tarifas de electricidad y gas con criterio social ("que paguen los ricos"), pero sigue demorando la decisión para esquivar costos políticos.

4) Salarios: si la inflación fuera del 8,5% anual, como marca el Indec, la pauta salarial oficial del 20% significaría una recuperación impresionante si no se trasladara a precios. No ocurre ni una cosa ni la otra. Los últimos aumentos homologados se aplican sobre adicionales no remunerativos ya pagados, que elevan los ajustes al 25%. Esto descoloca a empresas exportadoras cuyos costos en dólares siguen creciendo. Los ejecutivos de multinacionales se ven en figurillas a la hora de explicar a sus casas matrices la brecha entre el IPC oficial y la evolución real del poder adquisitivo. Además, la relación salarial entre distintas actividades depende de la capacidad de presión de los sindicatos antes que de una mayor jerarquización laboral.

5) Inclusión social: aunque se destaque oficialmente que el empleo en negro cayó unas décimas por debajo del 40%, afecta a no menos de 5 millones de trabajadores. Convertidos en "indocumentados laborales", no acceden a jubilación, obras sociales ni crédito de consumo, y sus salarios equivalen a poco más de la mitad de los básicos de quienes trabajan en blanco. Los discursos voluntaristas siguen desplazando medidas de fondo, como crear un aporte único para pymes de menos de 10 trabajadores. Paralelamente, y a pesar de los sucesivos aumentos, más de 4 millones de jubilados que cobran el haber mínimo (70% del total) permanecen debajo de la línea de pobreza que el Indec desplaza arbitrariamente hacia abajo, mientras el criterio de movilidad sigue siendo absolutamente discrecional.

6) Déficit energético: después de un amago de reconocer el problema, el gobierno de CFK volvió a la receta de aplicar parches (subsidios e importaciones a costos crecientes) con la única consigna de evitar crisis como la del invierno pasado. Pero sigue faltando una política de mediano y largo plazo, más allá de los pequeños avances que significaron la puesta en marcha parcial de la central térmica General Belgrano y el plan Gas Plus, que nace condicionado. La distribución de lámparas de bajo consumo, como era previsible, marcha en cámara lenta. El uso de la energía sigue siendo racional: se consume más porque resulta más barata.

7) Retenciones: se convirtieron en la variable de ajuste de la política económica, frente a un gasto público que sigue creciendo (36% sobre lo mucho que había aumentado -50%- en 2007) y un dólar nominal estable que afortunadamente no se indexa para evitar más presiones inflacionarias. La actual rebelión agropecuaria, que el Gobierno se empeña en presentar como un enfrentamiento ideológico, es en realidad una reacción del sector a aquella comprobación y a la confiscación de eventuales ganancias futuras, sin que se haya precisado la contrapartida de esa fenomenal transferencia de recursos.

Por Néstor O. Scibona
La Nación (Argentina)