Hegemonía y rebeliones sociales

Hegemonía y rebeliones sociales

Por Natalio R. Botana

Para LA NACION
Jueves 3 de abril de 2008

Tiempo otoñal de tormenta que nos envuelve y perturba. Es difícil discernir en medio de tanta pasión, pero a poco que se profundice en una realidad construida a golpes de movilizaciones y contramovilizaciones, podrá observarse la persistencia de una forma de hacer política que, por su propia gravitación, conduce a una agobiante sucesión de crisis.

En ellas, en esa realidad de contrastes, está contenida la lógica de un régimen hegemónico inestable, animado por la confrontación y condicionado por contestaciones sociales. Estos rasgos son como topadoras que cavan un pantano político e institucional del cual no logramos salir.

De proseguir encerrados en este perímetro de discordias, la Argentina seguirá marcando el paso de la declinación, aun cuando participe de la bonanza económica mundial de las naciones productoras de materias primas.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se acentuó la impronta hegemónica del régimen de gobierno de nuestra democracia. Hegemonía, no tanto por la duración del régimen, (un quinquenio luego del colapso de 2001-2002) sino por la concentración de las decisiones en el Poder Ejecutivo Nacional.

La silueta de un principado sobresale pues en el paisaje de una democracia electoral por demás activa. Esta fusión del poder de mandar y del poder de legislar se acopla con un estilo de confrontación que convierte a los adversarios en enemigos y somete la diversidad plural del presente a los dictados de una ideología regresiva anclada en el pasado.

Empero, no es suficiente subrayar exclusivamente el temperamento de la confrontación para delinear el perfil de la hegemonía. Como venimos apuntando desde hace años, el régimen hegemónico es, ante todo, institucional en el sentido de que subordina los poderes nacionales y provinciales a los dictados de la presidencia de la Nación. Hegemonía y federalismo se dan de bruces. No son conciliables debido a que una de las piedras de toque de este modo de gobernar consiste en legislar por decreto o por resolución del Poder Ejecutivo Nacional. Donde adquieren más fricción estas decisiones es en el campo fiscal.

En contra del constitucionalismo, en la Argentina se mete las manos en el bolsillo del contribuyente por una simple resolución del Gobierno. Es un procedimiento que invierte de raíz el principio de que la imposición legítima exige la aquiescencia de los representantes.

Aquí, en cambio, se fijan impuestos sin intervención del Congreso. Esta es una de las raíces del conflicto que estremece al país entre el campo y el Gobierno. Gobernar sin ley es igual a intentar la sumisión o provocar la rebelión de los afectados. Las consecuencias están a la vista: la rebelión cunde y se ramifica.

Si bien los conflictos fiscales suelen girar en torno de la distribución del ingreso, esta arremetida sobre el sector rural se debe a la urgencia de pagar el servicio de la deuda interna y externa. Este es uno de los escollos de la política económica desde que, en 2002, se celebró con arrogancia y frivolidad nuestro default. La Argentina no regularizó después su situación con el resultado de que carece de crédito externo y sólo cuenta con Hugo Chávez como prestamista de última instancia.

Esta demora es la que, junto con el aumento del gasto público (plenamente justificado cuando se vuelca a la salud, la seguridad, la justicia, la previsión social y la educación), explica la voracidad fiscal para mantener el curso de la política económica.

Como quien paga deudas es el Estado nacional, los impuestos que son captados por medio de las retenciones a las exportaciones no son coparticipables. Así, las provincias se sienten expoliadas porque esos recursos no vuelven a su seno mediante inversiones públicas. Es un vaciamiento sistemático que pone de manifiesto las aristas más hirientes del unitarismo fiscal.

En la Argentina, el federalismo se está quedando sin base económica y, por ende, sin autonomía. Es un federalismo de gobernadores e intendentes mendicantes; no es un federalismo con capacidad propia de gobierno.

De aquí las dificultades que deben afrontar los gobernadores en una geografía que se extiende desde el Norte, en las regiones menos favorecidas, hasta llegar a las tierras feraces de la pampa gringa con su miríada de explotaciones chicas y medianas nacidas al calor de las inmigraciones de ultramar.

Sin pesar tanto en el total de la producción agropecuaria (contribuyen el 20%), esos 75.000 empresarios pequeños y medianos significan mucho más desde el punto de vista familiar y social: conforman, como soñaba Sarmiento, el tejido de los pueblos y representan la independencia del ciudadano que trabaja la propiedad, a menudo, con sus propias manos.

Sin estas reservas de sociabilidad, el campo argentino sería un territorio casi vacío explotado con la mejor tecnología.

Estos actores sociales son los que más han sufrido el rigor del régimen: una política incapaz por ahora de fijar proyectos compartidos a largo plazo, cuyo principal resorte para ponerse en movimiento, ausente el abrigo de la ley, es el de hacer un uso constante de la sorpresa en el proceso de decisiones. Las resoluciones en materia fiscal se gestan en secreto, sin un debate público previo, para volcarse súbitamente a la palestra. De tal suerte, la hegemonía es una administradora de la imprevisibilidad.

Convengamos en que a estas acciones no les falta el ingrediente dialéctico de la respuesta, sobre todo si observamos el desarrollo de un limitante, anárquico y participativo, que está mostrando sus dientes hace ya una larga década. Se trata –obvio es constatarlo– de la política de la protesta y la rebelión social que se vacía en un generalizado “piqueterismo”. El vértigo que conduce a diversos sectores sociales a la apropiación del espacio público es correlativo al ejercicio de la hegemonía. Ambos se realimentan mutuamente como si estuviéramos frente a frente los argentinos en un espacio abierto, sin mediadores ni instituciones que morigeren el conflicto: sólo el Gobierno y sus agentes en pugna con los rebeldes.

La trama de “las furias”, acotadas según el sector de que se trate, se expande de acuerdo con la dinámica de la política callejera según se vio estos últimos días. Al control de las rutas sucede el cacerolazo y la atracción que, para congregarse en provincias y en la Capital, produce la plaza mayor.

Una vez más, nada nuevo bajo el sol, salvo el fenómeno relevante de las facciones violentas prohijadas por el Gobierno. Esta retorsión del daño amplifica el escenario y lo carga con serias incertidumbres, como si el equilibrio político se redujese entre nosotros a una balanza entre grupos de acción directa.

Lo más grave de todo esto es que el miedo recíproco y las ideologías primitivas que reactualizan las tragedias del pasado han vuelto a corroer los vínculos sociales. El racismo y el odio hacia el otro, aunque condensados en agrupaciones poco numerosas, parecen enseñorearse del discurso y los comportamientos al modo de un grotesco renacimiento, menos sanguinario, de algunos aspectos del fascismo y de la mazorca. El panorama se completa si a ello sumamos la tradicional escenografía de las movilizaciones peronistas, con los recursos de sindicatos e intendentes del Gran Buenos Aires.

¿Estamos acaso a tiempo de reaccionar? Sin duda, pero las modificaciones necesarias deberían correr parejas con una apertura al diálogo social que no consista en una mera ratificación de lo actuado por el Poder Ejecutivo sino en un retorno a las mejores tradiciones parlamentarias.

El país está sediento de leyes generales con respecto al federalismo y a las políticas públicas, y empachado de un decisionismo de insaciable apetito. No vaya a ser que, de proseguir el régimen con su lógica centralizante, podríamos a la postre correr el riesgo de estremecernos, como dijo Leandro N. Alem en 1880, con “la apoplejía en la cabeza y la parálisis en las extremidades”.