Por el paro, el Gobierno posterga su relanzamiento.
Sectores empresarios no quieren firmar un acuerdo con la Casa Rosada en medio de la disputa
La Nación 12/5/200817:8hs
El relanzamiento del gobierno de Cristina Kirchner, al que ella convocó desde la Plaza de Mayo para el 25 de este mes, está a punto de sucumbir. O, en la versión más optimista de funcionarios y hombres de negocios, se postergaría hasta la próxima efemérides del 9 de Julio. Eso sí, ya no se haría bajo la forma del “Acuerdo del Bicentenario”, porque eso haría pensar en 2016, un año después del vencimiento del próximo período presidencial. La frustración de estos fastos es otra consecuencia del conflicto agropecuario. No sólo porque restó un actor al pacto social que se pensaba suscribir el 25. Tampoco porque las entidades del campo preparen para ese día una protesta multitudinaria en Rosario. El verdadero problema es que la rebelión del campo aflojó otras adhesiones. Por ejemplo, el presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, se notificó de que un compromiso con el Gobierno que desdeñe el reclamo agropecuario sería rechazado por sus afiliados del interior. La parálisis rural afecta a todo el entramado productivo, desde las fábricas de maquinaria agrícola hasta las de camionetas. Similares contradicciones mortifican a Jorge Brito, dueño de Banco Macro y presidente de Adeba, la agrupación de la banca privada nacional. Como otros colegas arraigados en zonas rurales –kirchneristas tan devotos como los Eskenazi, del Banco de Santa Fe, por ejemplo–, Brito teme que la indiferencia con el campo inspire un boicot chacarero en su contra. Y cabe suponer que si Adeba no firma, tampoco lo hará ABA, la cámara de bancos extranjeros que preside Mario Vicens. También se acotó el margen de maniobra del sempiterno Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de Comercio: "¿Cómo vamos a adherir a una política oficial mientras los piqueteros atacan supermercados por la remarcación de precios?", se preguntó un directivo de esta organización. Esta oleada de reticencia fue un alivio para Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, quien preside también la Corporación Antiguo Puerto Madero por iniciativa de Néstor Kirchner. Como el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner (titular de la santacruceña Esuco SA), Gabbi está casi obligado a aceptar las invitaciones que le cursan desde Puerto Madero a través de Julio De Vido. Más allá del sector agropecuario, la Casa Rosada boicoteó su propia iniciativa al instalar un clima hostil al empresariado. Los sindicalistas José Luis Lingieri y Omar Viviani lanzaron imputaciones genéricas a "los empresarios" por la inflación. La señora de Kirchner oficializó ese dictamen: según ella, el Gobierno aporta las condiciones macroeconómicas para evitar esa deformación, pero ésta igual se verifica porque los hombres de negocios se exceden en su afán de lucro. Las promesas de desgravar la reinversión de utilidades de las pymes o de aprobar una nueva ley de ART no alcanzaron para neutralizar estas consignas, canónicas en la boca de los mismos funcionarios que llamaban a las empresas invitando a suscribir el mentado acuerdo. Otro factor que entorpeció hasta ahora el pacto fue la introducción de la ley de radiodifusión en la agenda. Los empresarios dirán que no es un asunto pertinente en un acuerdo económico social. Claro: ellos están incómodos por tener que pagar su adhesión a Kirchner con un conflicto con los medios de comunicación, en especial con el grupo Clarín . Desde su reducto de la CGT, Hugo Moyano sonríe frente a estas dificultades. Cuanto más se aísle el Gobierno, más cotiza su lealtad. Moyano no puede renunciar a su vasallaje sindical antes del 8 de julio, cuando se lo reelegirá en la CGT con el respaldo de Kirchner. Si con esto no alcanzara, también disfruta del reparto de subsidios al transporte que hace el secretario Ricardo Jaime (hoy bajo la lupa del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien investiga si usó aviones de ejecutivos privados en sus viajes por el interior). La semana pasada Moyano dio otra señal de lealtad en Puerto Madero: juró ante el ex presidente no presionar por aumentos de salarios por lo que resta del año, promesa que reclamaría la contrapartida de un "congelamiento de precios del Bicentenario" capaz de acelerar las remarcaciones. Moyano supone que, una vez reconquistada la central obrera, podrá sacudirse el yugo de Kirchner. Negociación sindical Kirchner supone lo mismo: por eso decidió ubicar como segundo de la CGT al metalúrgico Antonio Caló, ahijado de Carlos Kunkel. Moyano aceptaría la defenestración de Lingieri, prenda de negociación para el reingreso de Armando Cavalieri y los demás "gordos" a la CGT. "A Lingieri lo habíamos puesto ahí para espiar, pero le gustó lo que espiaba", explicó un gremialista con poder de síntesis. Así como en su interacción con los sectores sociales el Gobierno se repliega sobre el sindicalismo, en el terreno de la política cruda se encastilla entre los intendentes peronistas del conurbano. La lealtad de los gobernadores comenzó a ser condicional como consecuencia de la rebelión agropecuaria. El próximo en ser acorralado, como resolvió ayer la entidad agropecuaria Carbap, es Daniel Scioli. Además, Carlos Reutemann recorriendo piquetes en moto, Juan Schiaretti halagando al agro y Ramón Puerta, Miguel Angel Toma y Juan José Alvarez reorganizando el duhaldismo son en Olivos señales inequívocas de un complot en marcha. Por eso Kirchner eligió asumir como jefe del PJ en Tres de Febrero, el distrito del metalúrgico Hugo Curto, primus inter pares de esos caudillejos que otrora besaban la mano de Duhalde, "como en una película de Francis Ford Coppola", según la audaz metáfora de Cristina Kirchner en 2005. Esos intendentes son tan subsidio-intensivos como Moyano, lo que explica el cambio en el equilibrio del gabinete. Si algún día ocurre algún relanzamiento, será el del gobierno de Julio De Vido, que administra para Kirchner la relación con la CGT y con el conurbano. Este nuevo balance de poder, y no un malentendido ocasional, explica el eclipse de Alberto Fernández, impedido de cumplir ante sus amigos con ese giro progresista y esa reconciliación con los mercados que iban a caracterizar el "experimento Cristina". "¿Cómo vamos a adherir a una política oficial mientras los piqueteros atacan supermercados por la remarcación de precios?", se preguntó un directivo de la Cámara Argentina de Comercio
Por Carlos Pagni
Para LA NACION
lunes, 12 de mayo de 2008
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