Destruyendo la democracia representativa

Los distintos gobiernos que integran el llamado “eje bolivariano” que opera activamente en nuestra región tienen, todos, un mismo macro-objetivo, que les es común: el de desfigurar paso a paso -hasta la demolición- las instituciones centrales que caracterizan a la democracia representativa. Para poder, luego, consolidar a sus anchas el autoritarismo que todos ellos practican por igual, pese a las diferencias de modalidades.

Cada uno lo hace ciertamente a su manera y adaptándose a sus propias circunstancias de tiempo y lugar:

(I) El venezolano Hugo Chávez, fundamentalmente a través de la militarización del país, la nacionalización de todo, la acumulación constante de poder, la arrogancia desafiante, la siembra permanente de odios y resentimientos, el uso y abuso de los petrodólares que le caen del cielo, y la anulación total de la independencia del Poder Judicial;

(II) El ecuatoriano Rafael Correa, principalmente mediante la destrucción sistemática de los partidos políticos tradicionales, la reforma de la Constitución, la siembra de odios y rencores, la purga de las Fuerzas Armadas, para asegurar su sumisión al poder político, y la concentración creciente del poder en el Ejecutivo;

(III) El boliviano Evo Morales, mayormente vía el uso y abuso de los falsamente llamados “movimientos sociales”, que son verdaderos “Caballos de Troya” que Morales maneja con precisión y mecanismos de relojería, con los que -a la vez- alimenta resentimientos milenarios, infunde temores y practica la violencia intimidatoria, la pretendida imposición de una nueva Constitución “refundadora”, aprobada ilegalmente con claros perfiles racistas e instituciones regresivas;

(IV) Los dos Kirchner en nuestro país (que son, en rigor, solamente uno) en su caso mediante la recurrencia al patoterismo, operado alternativamente por personajes “de terror” (como son los Luis D’Elía o Hugo Moyano) la delegación formal de todo el poder político y económico, que concentran en sus manos, la administración unitaria de los recursos fiscales (deformando y anulando efectivamente al federalismo) de manera que todo político que esté en el poder, cualquiera sea su nivel, deba (para sobrevivir) caer en “comer de sus manos”, la manipulación -sorda y opaca- del Poder Judicial, la demonización de todo y todos y la subalternización total del Poder Legislativo, transformado hoy en un simple “sello de goma”, a través del cual el Poder Ejecutivo procura “operar con eficiencia”, a “control remoto”; y

(V) El nicaragüense Daniel Ortega, como veremos enseguida, más bien a través de los llamados “Consejos del Poder Ciudadano” (CPC), que administran los crecientes recursos financieros suministrados constantemente por el bolsillo sin fondo del emirato caribeño que conduce Hugo Chávez.

Los “CPC” nicaragüenses, arietes contra la democracia representativa

Daniel Ortega, el “sandinista” (eufemismo efectivo, que como la palabra “bolivariano”, es utilizado por los políticos de la izquierda radical para no tener que llamarse a sí mismos “comunistas”) de siempre, retornó al poder en Nicaragua como consecuencia de la división de las fuerzas políticas del centro, provocada por la corrupción de algunos de sus líderes. De la mano de una primera minoría, ciertamente. Con la mayoría del país, entonces, que está en su contra o que le desconfía. Toda una tragedia.

Por ser precisamente minoritario, Daniel Ortega no controla al Congreso de su país. Pero eso, para él, es lo de menos.

Pese a que éste (la Asamblea Nacional) le votara expresamente en contra a la posibilidad de creación de los llamados “Consejos de Poder Ciudadano” (CPC), Ortega los creó igual. Sin inmutarse. Sin respetar la voluntad de su pueblo, expresada como corresponde a una democracia real, a través de sus mandatarios: los legisladores, que son sus representantes legítimos.

Los CPC tienen normalmente 15 miembros. Cada uno de ellos tiene en sus manos un “portafolio” temático de trabajo, que en líneas generales reproduce la distribución de temas que se hace a nivel del gabinete nacional.

En su accionar, responden directamente al matrimonio Ortega, con intervención directa de la Señora Murillo, la activa esposa de Daniel Ortega y su actual Directora de Comunicaciones. Sin intermediarios, entonces.

Ellos deciden que se hace con los abundantes recursos financieros que suministra Venezuela (en forma de préstamos a largo plazo, esto es a 23 años, con un 2% de interés anual, que se manejan “fuera” de las estructuras presupuestarias).

También qué comerciante concreto recibe y vende los alimentos subsidiados por el gobierno; qué calles serán reparadas o pavimentadas; qué personas recibirán micro-financiamientos y cuales no; y quienes serán los agricultores que recibirán semillas o animales del gobierno. Asimismo, quienes serán vacunados y quienes saldrán del analfabetismo. No es poco, como mecanismo para comprar lealtades, a troche y moche.

Sus fondos los manejan dos entes: Albanisa (una empresa cuasi-pública) y la petrolera estatal “Petronic”. Ambas son manejadas -opacamente- por el propio tesorero del Partido Sandinista, Francisco López. Un hombre “del riñón” de Ortega.

Los CPC son, en Nicaragua, el asfalto que utiliza el “camino sandinista” hacia el autoritarismo, el que ahora se transita utilizando los instrumentos más burdos del populismo que caracteriza al “eje bolivariano”, en su conjunto. Son además, un efectivo e intranquilizador mecanismo de espionaje social.

En todas partes se “cuecen habas”, pero las recetas tienen todas los mismos componentes. E idéntico gusto, el del despotismo.

El problema es que la democracia representativa incomoda al autoritarismo. Por esto ella está ahora amenazada solapadamente en todos los países del “eje bolivariano”. Si las amenazas prosperan, pronto desaparecerá y, con disfraces, será reemplazada por la dictadura (según algunos “del proletariado”, en rigor de quienes, disfrazados de líderes, lo usan y abusan).

Por Emilio J. Cárdenas

Fuente:Economía para Todos